Enrique Burgos
La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, Naomi Gómez Santos, informó que podrían iniciar un análisis integral sobre el delito de terrorismo contemplado en el Código Penal de Veracruz.
Esto surge tras el debate jurídico nacional y resoluciones judiciales que han puesto en duda la precisión del delito, tras la detención del reportero de la nota roja en Coatzacoalcos, Rafael León Segovia.
La legisladora señaló que, si bien el Congreso se encuentra actualmente en periodo de receso, la labor legislativa no se detiene.
Explicó que la revisión técnica del artículo 311 que establece el delito de terrorismo es necesaria para determinar su vigencia o posible reforma, asegurando que el marco legal sea claro y no existan vacíos en su aplicación.
«Tenemos que hacer el análisis, pero aquí también tendría que ver las comisiones permanentes que son específicamente Puntos Constitucionales, que es la que tiene que ver con la normatividad en específico, como es el Código Penal», puntualizó la diputada.
Asimismo, abrió la posibilidad de robustecer el estudio mediante el diálogo con especialistas.
“Sin duda podemos hacer una mesa de trabajo para quizás, poder cubrir un poco más o tener un análisis más amplio de este tema», sostuvo.
En el Código Penal de Veracruz el Artículo 311, específica que a quien utilizando explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación, se le impondrán de tres a treinta años de prisión, multa hasta de setecientos cincuenta días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años.
A quien, conociendo las actividades de un terrorista y su identidad, no lo haga saber a las autoridades se le impondrán de uno a nueve años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario.